¿Son los Kirchner los dueños de los derechos humanos?

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reclamó ayer, de manera explícita, que no se los considerara como tales. También Patricia Walsh, hija del escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh, principal impulsora de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en agosto de 2003, denunció que el ex presidente manipuló a los derechos humanos para su conveniencia personal: "Lo hizo para sacar votos y limpiar su imagen. Pero los que luchamos desde el principio sabemos que nunca marcharon en Santa Cruz para pedir por los desaparecidos. Tampoco presentaron ningún proyecto para derogar las leyes de impunidad. Lo que hizo Kirchner fue llamar por teléfono para que sus diputados y senadores apoyaran una iniciativa que presentamos nosotros, con mucho trabajo detrás".

Horas antes Julio César Strassera, el ex fiscal que acusó a las Juntas Militares de la dictadura, sentenció: "Me repugna el uso político que se hace de los derechos humanos". Y fue un poco más allá: acusó al gobierno por la demora en resolver los juicios de lesa humanidad. "Lo hacen adrede: para agitar y agitar y seguir usando el tema con fines políticos". Strassera es un espíritu libre que siempre dice lo que piensa, sin importar el costo. El ex fiscal repudió el hecho de que se eligiera el 24 de marzo como el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Lo consideró un día trágico por haber sido la jornada en la que se inició el plan sistemático de desaparición de la dictadura militar. "Lo que habría que festejar es el comienzo de los juicios, en 1985".

Los juicios contra los ex comandantes sigue siendo considerada como la decisión práctica más valiente desde 1983 hasta la actualidad. El entonces presidente Kirchner la pasó por alto el 24 de marzo de 2004, cuando se abrieron las puertas de la ESMA. Horas después le pidió disculpas al mismísimo Raúl Alfonsín, pero en forma privada, y por teléfono. El actor y político Luis Brandoni recordó ayer el histórico diálogo: "No quisiera que se enoje conmigo", sostiene el dirigente radical que se atajó Kirchner. Y afirmó que Alfonsín le respondió: "no estoy enojado. Estoy dolorido".

Nadie podría negar que los Kirchner asumieron a los derechos humanos como una cuestión de Estado. Su apoyo político y económico a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo es evidente y está fuera de toda discusión. La orden del ex presidente al entonces jefe del Ejército Roberto Bendini de bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla va a pasar a la historia como uno de los gestos más fuertes contra los delitos de lesa humanidad. Pero las organizaciones humanitarias que vienen trabajando desde el final de la dictadura para señalar a los responsables saben que, en el fondo, aquella decisión conllevó menos riesgo que enfrentar a los carapintadas durante Semana Santa de 1987. Casi de inmediato Alfonsín pagó el costo de lo que fue considerado una claudicación. Sin embargo, reivindicó la decisión de enviar al Parlamento las "leyes de impunidad" hasta días antes de su propia muerte.

Un efecto parecido a la orden de bajar el retrato de Videla podría perseguir el anuncio de la Presidenta de acompañar a Estela de Carlotto a los tribunales internacionales, si la justicia argentina no resuelve la cuestión de la de identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera. Reclamar por el derecho a la identidad es algo que también está fuera de toda discusión. Pero, para ser absolutamente justos, se debe recordar que Néstor Kirchner y Cristina Fernández no parecían tan preocupados por semejante conflicto cuando la relación con el Grupo Clarín era más amistosa y menos ríspida que ahora.

La Memoria, la Verdad y la Justicia, con mayúsculas, deberían ser reivindicadas siempre, por encima de cualquier oportunismo, y no de acuerdo a los intereses circunstanciales de los gobiernos de turno.

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