La reforma del sistema electoral es una vieja aspiración que, con obvios matices, comparten prácticamente todas las fuerzas políticas nacionales. De ahí que el abrupto envío al Congreso de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que no fue consensuado con los partidos políticos provocara el rechazo del arco opositor, máxime si se tiene en cuenta que ese proyecto favorece claramente las aspiraciones electorales del ex presidente Néstor Kirchner.
La repulsa se materializó en la ausencia de dirigentes de la oposición en el acto en que la presidenta Cristina Kirchner hizo el anuncio y procuró anticiparse a las críticas con una frase nada creíble: "Esto no es un traje a medida".
El apuro del Gobierno obedece, una vez más, a la necesidad de que el Congreso convierta en ley el proyecto antes del recambio de los legisladores que se hará efectivo el 10 de diciembre. El kirchnerismo en el poder hace gala una vez más de su cortedad de miras y de su afán por aprovechar los resortes institucionales para su perpetuación y protección, como hizo recientemente con la cuestionada ley de medios. Las necesidades de la ciudadanía y de las instituciones se han convertido, de nuevo, en una excusa para alimentar las ambiciones de la pareja presidencial.
El texto enviado al Congreso incluye la selección en comicios internos abiertos, obligatorios y simultáneos de todos los candidatos a cargos electivos nacionales, propone limitaciones a los partidos políticos, prohíbe los gastos de campaña financiados con recursos privados en medios audiovisuales y fuertes restricciones a la publicación de encuestas electorales.
Uno de los puntos que más críticas cosechó es el que impide competir en las elecciones generales a los candidatos que no alcancen al tres por ciento del total de los votos emitidos en las internas abiertas, algo que seguramente perjudicará a las fuerzas políticas con una escasa estructura nacional.
A menos que se trate de un simple ardid, el Gobierno recapacitó sobre este punto y analizaría la posibilidad de bajar el mínimo de votos que debe cosechar un candidato en las elecciones primarias para postularse en los comicios generales. Es que de otro modo no conseguirá el apoyo legislativo de los sectores de centroizquierda. Se elimina, además, el sistema de adhesiones para la constitución y el reconocimiento de partidos políticos, que sería reemplazado por la exigencia de tener un mínimo de afiliados en cinco distritos provinciales que representan el cinco por mil del padrón.
Pero nada dice el proyecto sobre la prohibición de las candidaturas testimoniales que, como se vio en las últimas elecciones legislativas, constituyen una burla al electorado. Tampoco se propicia la eliminación de las listas sábana, cuestión que, más allá de su complejidad, no debería dejar de ser debatida en una reforma electoral.
La omisión más grave es, quizá, la falta de mención de la boleta única, un justo reclamo ciudadano que transparentaría los comicios y evitaría el robo de papeletas en las urnas.
La prohibición del financiamiento privado a los candidatos en las campañas publicitarias en radio y televisión también tiene nombre y apellido: Francisco de Narváez, quien invirtió parte de su fortuna personal en las elecciones legislativas de junio y logró vencer a Néstor Kirchner. El proyecto establece que los fondos los distribuirá el Estado, sinónimo, en este caso, del gobierno que procurará su continuidad en las elecciones presidenciales de 2011. Además, la distribución de los espacios en los medios no quedará en manos de la Justicia, sino que será una atribución del Ministerio del Interior.
Otro punto que se presta al debate es una fuerte regulación de las encuestadoras. Las empresas que realizan sondeos electorales deberán inscribirse en un registro ante la justicia nacional electoral, en el que deberán detallar qué agrupación política les encargó cada trabajo y el costo que insumió. Se prohíbe, además, a los medios difundir encuestas 15 días antes de las elecciones generales y referirse a los datos de los sondeos realizados con anterioridad, una pretensión inaceptable que vulnera la libertad de expresión y condiciona la labor de la prensa.
Las propuestas de reformas electorales surgen cuando los gobiernos se debilitan. Las elaboraron Fernando de la Rúa después del escándalo de las coimas en el Senado, y Eduardo Duhalde en plena crisis de 2002.
Una ley electoral como la que empezará a debatirse en el Congreso no puede ser fruto de una coyuntura mezquina. Debe nacer de la discusión amplia entre todos los sectores del arco político, apuntando a mejorar la calidad de la democracia.
No caben dudas de que el sistema de partidos debe ser restaurado y las agrupaciones políticas fortalecidas. Pero, dada la dimensión de su crisis, el esfuerzo requeriría de una serena reflexión y, sobre todo, de un acuerdo entre los principales actores de la vida política. El oficialismo prefiere, otra vez, precipitar los cambios, más urgido por las estratagemas que elucubra Néstor Kirchner para imponer su candidatura al peronismo, que por la salud de la democracia argentina.
Fuente:La Nacion
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