Son otros tiempos. Ya no se vuelan imprentas, ni se asesinan periodistas ni se confiscan máquinas de escribir como en la Rumania de Ceacescu. Se diría que los métodos de persecución al periodismo libre son hoy más sofisticados si, en rigor, no resultaran burdos.
Algo así ha estado ocurriendo con el proyecto de ley de medios audiovisuales que oculta y a la vez devela, en su extenso articulado, un espíritu de hostigamiento y silenciamiento de la prensa libre.
A nadie se le oculta la necesidad de actualizar un cuerpo normativo que ha devenido obsoleto y hasta caótico por las múltiples reformas que se le han introducido a lo largo de los 29 años corridos desde su sanción. Ante la perspectiva de un futuro tecnológicamente impredecible, su puesta al día obliga a eludir toda casuística y legislar sobre amplias líneas rectoras. Exige que la nueva ley resulte del consenso que sólo puede brindar un sereno intercambio de ideas y el aporte de la inteligencia del país. No parece aconsejable, en fin, que el debate se desarrolle en un clima de confrontación, salpicado de acusaciones verbales y ataques intimidatorios contra periodistas.
Una ley votada con inexplicable, o tal vez explicable, urgencia no podrá asegurar el desafío de los tiempos por venir, obligando a nuevas y sucesivas modificaciones, con la lógica carga de desencuentros y frustraciones.
No es eso lo que necesita la sociedad ni lo que merece el esfuerzo de una prensa que a lo largo de su historia, muchas veces centenaria, ha dado sobradas muestras de objetividad, patriotismo y servicio a sus lectores, escuchas y televidentes, que cotidianamente la juzgan y sostienen con su aporte y la alientan con su fidelidad.
Resulta imperioso, a esta altura, que el derecho positivo resguarde ciertos principios básicos de jerarquía constitucional, tales como la no intervención directa o indirecta en los contenidos periodísticos, el respeto a la seguridad jurídica y la no retroactividad de las normas, la preservación de la diversidad y legalidad de los medios y la no discrecionalidad en la autoridad de aplicación.
El estadista debe pensar en la próxima generación sin odios ni exabruptos, con sentido integrador y vocación de progreso. Puede confiar en la prensa como puente de conexión entre gobernantes y gobernados y vigía de las instituciones.
No entenderlo así desnudaría un espíritu totalitario y de afirmación sectaria, empeñado en propósitos que, por su inmediatez, desmerecerían la necesaria visión del interés general y el bien público.
Proclamemos nuestra fe en las instituciones de la libertad, sabiamente recogidas por el texto constitucional e imposibles de ser desmentidas por normas que puedan ignorarlas y hasta agraviarlas.
Fuente: ADEPA
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